En materia de urbanismo, las demoliciones y ceses de actividad son, sin duda, unas de las órdenes de la Administración local más traumáticas para el que las sufre.
Se dictan en los procedimientos administrativos de restablecimiento de la legalidad urbanística regulados en la legislación autonómica.
Vienen motivadas, en principio, por la falta de cobertura administrativa de las obras ejecutadas o de las actividades ejercidas y/o por su posible incumplimiento de la normativa urbanística.
Sin embargo, en casi todos los casos son numerosas las posibilidades de defensa jurídica, bien por ser las obras o actividades legalizables o bien por cuestiones formales.
En cuanto a las legalizaciones, en ocasiones conviene hacer un ejercicio de imaginación con el fin de lograr de alguna manera encajar la obra con las normas aplicables.
Por lo que se refiere a las cuestiones formales, el abogado que lleva la defensa debe de estar muy al día de las novedades que la jurisprudencia y la doctrina aportan constantemente a este ámbito.
El éxito de los recursos en este tipo de procedimientos, además conlleva en ocasiones la posibilidad de evitar la sanción que pudiera imponerse por disciplina urbanística.
En definitiva, conviene estudiar en profundidad cada caso con el fin de trazar una estrategia de defensa que, muchas veces, suele dar resultado.
